Reelección indefinida y poder municipal en Misiones
El debate sobre la ley de lemas volvió a ocupar a la dirigencia misionera. Algunos reclaman su derogación inmediata. Otros advierten, con razones atendibles, que modificar un sistema electoral exige estudio y acuerdos. En ambas posiciones las convicciones conviven con la conveniencia. También la prudencia puede convertirse en una manera elegante de dejar todo como está.
Se hace necesario e ineludible incorporar a esa discusión un asunto que merece, por lo menos, la misma urgencia: la reelección indefinida de los intendentes. Podemos cambiar la manera de contar los votos y conservar intactas las condiciones que permiten a un dirigente permanecer décadas al frente de un municipio.
La diferencia normativa es concreta. El artículo 110 de la Constitución provincial limita la reelección del gobernador y del vicegobernador. El artículo 9 de la Ley XV Nº 5, Orgánica de Municipalidades, establece mandatos de cuatro años y admite la reelección sin fijar un máximo. Ese régimen rige en los municipios sin carta orgánica propia; los que la tienen deben examinarse según sus disposiciones. Hay cartas que ya establecen límites.
En el municipio se administra buena parte de la relación cotidiana entre el vecino y el Estado. Allí se decide sobre empleo público, habilitaciones, contratos y asistencia. Son atribuciones legítimas, necesarias para gobernar. Su ejercicio prolongado por una misma persona, con controles débiles, puede convertir esa cercanía en dependencia política. El vecino empieza a sentir que una ayuda depende del intendente, aunque se pague con recursos de todos.
Desde allí se construye una parte decisiva del poder provincial. Los intendentes organizan territorio, aportan votos y negocian apoyos. La acumulación que facilita la ley de lemas puede reforzar esa gravitación. Mi lectura es que la permanencia sin límite les permite consolidar una fuerza propia capaz de atravesar distintas gobernaciones. Por eso una reforma concentrada exclusivamente en el mecanismo electoral puede dejar intacta la estructura de poder que dice querer modificar.
La respuesta habitual es que, si la gente los sigue eligiendo, deben poder continuar. Ese argumento merece ser considerado, pero resulta insuficiente. El voto necesita una competencia en condiciones razonables. Quien administra durante décadas el presupuesto y la estructura municipal acumula ventajas que un adversario difícilmente pueda igualar. Fijar un límite al ejercicio consecutivo del cargo protege también la posibilidad de elegir entre alternativas que tengan oportunidades reales.
La Corte Suprema abordó esta cuestión en el caso «Confederación Frente Amplio Formoseño», resuelto el 19 de diciembre de 2024. Declaró inconstitucional la reelección ilimitada prevista para el gobernador y el vicegobernador de Formosa y advirtió sobre la acumulación de ventajas electorales y el deterioro de los controles. Ese fallo no resuelve automáticamente el régimen de los intendentes misioneros. Su fundamento republicano, sin embargo, debe orientar nuestra discusión.
A la permanencia personal puede sumarse la sucesión familiar. Un hijo, una esposa o un hermano tienen derechos políticos y el parentesco, por sí solo, no demuestra falta de mérito. La cuestión institucional aparece si el relevo recibe, junto con la candidatura, el respaldo de una estructura pública puesta a su servicio. Entonces puede cambiar el nombre en la puerta del despacho y conservarse el mismo centro de decisiones. Una sucesión entre parientes puede cumplir las formas y dejar pendiente la renovación del poder.
Mi posición es establecer un primer mandato y una sola reelección consecutiva, con un período completo de intervalo para volver a competir por la intendencia. La transición debe respetar los mandatos vigentes y computar, para las futuras candidaturas, los períodos consecutivos ya ejercidos. Reiniciar el contador para quienes llevan años gobernando desvirtuaría el sentido de la reforma.
El camino jurídico exige respetar la autonomía municipal. Modificar el artículo 9 de la Ley Orgánica constituye un avance para los municipios que se rigen por ella; no reemplaza la revisión de las cartas orgánicas. Para establecer un límite común en toda la provincia, propongo darle jerarquía constitucional y adecuar las normas locales mediante los procedimientos correspondientes. Una decisión de esta importancia debe quedar a resguardo de las necesidades electorales de una mayoría circunstancial.
El límite de mandatos debe acompañarse de controles efectivos sobre el empleo electoral de recursos públicos y de publicidad de los contratos y de los criterios de asignación de ayudas. De otro modo, el reemplazo del titular puede servir para conservar el control familiar o personal de la administración. La reforma tiene que ampliar las posibilidades de competir por el gobierno municipal.
Antes de que termine 2027, Misiones debería tener aprobado ese límite y definido su régimen de aplicación. Hay tiempo para estudiar, escuchar objeciones y redactar bien. También hay tiempo para decidir. A quienes reclaman una reforma electoral les corresponde explicar qué límite aceptarían para los intendentes de su propio espacio.
