Cuando un producto aumenta, ¿quién recibe realmente ese aumento?
Desde Misiones impulsamos un anteproyecto de Ley Nacional de Transparencia Productiva para que los consumidores puedan conocer qué proporción del precio final representa lo recibido por el productor.
Cuando aumenta el precio de la yerba mate, muchas personas piensan inmediatamente que el productor está cobrando más.
Lo mismo ocurre con la leche, el pan, el azúcar, el vino, las frutas o cualquier otro alimento. El consumidor ve que el precio sube en la góndola y, como el producto nació en el campo, suele atribuirle ese aumento a quien produjo la materia prima.
Pero ¿el productor recibió realmente ese aumento?
¿O continúa cobrando lo mismo mientras el precio final aumenta?
¿Es posible que el consumidor pague cada vez más y que, al mismo tiempo, el productor reciba una porción cada vez menor?
Hoy estas preguntas no tienen una respuesta oficial, periódica y fácilmente comprensible para el ciudadano común.
Si bien, hoy ya no necesitamos recurrir a un ejemplo hipotético. Según el último Semáforo de Economías Regionales de CONINAGRO, en mayo de 2026 el productor yerbatero recibió solamente el 13% del precio final de la yerba mate en góndola. Su participación histórica rondaba el 25%.
Esto significa que, de cada $100 pagados por el consumidor, aproximadamente $13 representaron el valor recibido por el productor primario. ¿Cómo se distribuyeron los otros $87? ¿Fueron absorbidos por costos, impuestos y procesos necesarios, o algún eslabón aumentó extraordinariamente su margen?
Hoy contamos con una fotografía elaborada por una entidad sectorial. La Ley Nacional de Transparencia Productiva propone transformar este tipo de medición en información oficial, periódica, comparable y accesible mediante un código QR en los envases.
Sabemos cuánto cuesta un producto. Podemos conocer cuánto aumentó. Pero no sabemos qué proporción de ese precio representa el valor recibido por quien produjo la materia prima.
Por eso elaboré el anteproyecto ciudadano de Ley Nacional de Transparencia Productiva.
Una información que hoy permanece invisible
Imaginemos un paquete de yerba mate de un kilogramo.
Para producirlo fueron necesarios determinados kilos de hoja verde. Esa hoja fue cultivada, cuidada y cosechada por productores que recibieron un precio por ella.
Después intervinieron otros eslabones:
- El secado y la molienda.
- El estacionamiento.
- El envasado.
- El transporte y la distribución.
- Los impuestos.
- La comercialización mayorista y minorista.
- Los costos financieros.
- Los márgenes correspondientes a cada actividad.
Todos esos procesos tienen costos y agregan valor. La diferencia entre el precio de la hoja verde y el precio del paquete no constituye, por sí sola, una ganancia indebida.
El problema es otro: el consumidor no dispone de información suficiente para saber cuánto del precio que pagó representa el valor recibido en el origen.
Esa falta de información perjudica tanto al consumidor como al productor.
El consumidor no sabe quién recibió realmente el aumento. El productor, por su parte, puede ser señalado como responsable de un precio final sobre el cual tiene muy poca capacidad de decisión.
¿Qué propone la Ley de Transparencia Productiva?
El anteproyecto propone crear un indicador oficial que informe, trimestralmente, qué porcentaje del precio final de determinados productos representa el valor recibido por la producción primaria.
Por ejemplo:
Durante el segundo trimestre, el valor de la hoja verde pagada al productor representó aproximadamente el 18% del precio promedio de un kilogramo de yerba mate elaborada.
El porcentaje utilizado aquí es solamente ilustrativo. El indicador verdadero deberá ser calculado mediante una metodología técnica, pública y verificable.
La medición abarcaría inicialmente una selección de productos representativos de las distintas regiones del país, como:
- Yerba mate.
- Té.
- Leche y productos lácteos.
- Trigo, harina y pan.
- Arroz.
- Azúcar.
- Uva y vino.
- Manzana y pera.
- Naranja y limón.
- Tomate, papa y cebolla.
- Carne y huevos.
- Algodón.
La incorporación sería gradual. No se trata de medir rápidamente cientos de productos, sino de comenzar con aquellos en los que sea posible establecer una relación técnicamente confiable entre la materia prima y el producto final.
Un código QR para acceder a la información
En una segunda etapa, el anteproyecto establece que los productos alcanzados deberán incorporar en sus envases un código QR.
Al escanearlo, el consumidor podrá acceder a:
- El indicador trimestral vigente.
- La evolución histórica de la participación del productor.
- La metodología utilizada.
- Los precios de origen y destino considerados.
- La explicación de los componentes que intervienen en la cadena.
- Un comparador que permita ingresar la fecha y el precio pagado.
El QR no revelará cuánto recibió el productor que intervino específicamente en ese paquete ni realizará una trazabilidad individual de cada lote. Conducirá al indicador oficial correspondiente a esa categoría de producto.
La dirección será permanente y conservará la serie histórica. Por eso, si una persona guarda un paquete de yerba durante dos años, podrá escanearlo y consultar cómo evolucionó la participación del productor desde la fecha de elaboración o compra hasta el momento de la consulta.
Así, un dato que hoy permanece disperso entre informes técnicos podrá estar disponible en el teléfono de cualquier ciudadano.
No alcanza con saber cuánto aumentó
El IPC nos permite conocer la evolución de los precios. Pero también necesitamos saber cómo se distribuye el valor dentro de las cadenas productivas.
Supongamos que, durante un año, el precio final de un producto aumentó un 40%, mientras que el precio recibido por el productor aumentó solamente un 10%.
El indicador podría mostrar que la participación del productor cayó, por ejemplo, del 18% al 12%.
Ese dato permitiría formular una pregunta pública concreta:
Si el consumidor paga más, pero el productor recibe proporcionalmente menos, ¿qué está ocurriendo en los demás eslabones de la cadena?
Una disminución no demostraría automáticamente que existió especulación. El cambio podría explicarse por mayores costos industriales, logísticos, energéticos, laborales, tributarios o financieros.
Pero el dato encendería una señal de alerta.
Por eso el anteproyecto también dispone que, cuando exista una disminución significativa y persistente de la participación del productor, el Estado deberá realizar un estudio específico sobre la formación del precio.
Ese estudio permitirá determinar si el aumento fue absorbido por mayores costos, impuestos o riesgos legítimos, o si algún segmento incrementó extraordinariamente su margen sin una justificación económica suficiente.
La secuencia es sencilla:
El indicador detecta la anomalía. El estudio determina dónde quedó el aumento. La investigación establece si existió una conducta abusiva.
Una herramienta para construir políticas de Estado
La información trimestral no servirá solamente para observar el presente. Con el paso de los años permitirá construir una serie histórica para cada cadena productiva.
Podremos comparar:
- El mismo producto.
- El mismo trimestre.
- La misma región.
- La evolución del precio de origen.
- La evolución del precio final.
- La participación relativa del productor.
Si en 2027 el productor recibía el equivalente al 18% del precio final y en 2029 su participación descendió al 12%, el Estado deberá preguntarse qué cambió.
Según las causas, podrán diseñarse políticas diferentes:
- Fortalecimiento de cooperativas.
- Promoción de mercados directos.
- Financiamiento para industrializar en origen.
- Mejoras en almacenamiento, frío y transporte.
- Revisión de cargas tributarias o regulatorias.
- Control de prácticas anticompetitivas.
- Reglas más equilibradas para contratos y plazos de pago.
- Apoyo a pequeños y medianos productores.
La ley no impondrá una solución automática. Producirá la evidencia necesaria para elegir la solución correcta.
Productores y consumidores no tienen que ser adversarios
Uno de los efectos más importantes de esta iniciativa puede ser reconstruir la relación entre quienes producen y quienes consumen.
Muchas veces se los presenta como si tuvieran intereses opuestos: el consumidor quiere pagar menos y el productor quiere recibir más.
Sin embargo, ambos suelen encontrarse en los extremos más débiles de la cadena.
El consumidor paga un precio sobre cuya formación tiene poca información. El pequeño productor recibe un valor sobre el cual posee escasa capacidad de negociación.
La transparencia puede mostrar que, en muchas ocasiones, el aumento que perjudica al consumidor tampoco beneficia al productor.
Lo que esta ley no pretende hacer
La Ley de Transparencia Productiva:
- No fija precios máximos ni mínimos.
- No determina cuánto debe ganar cada sector.
- No considera abusiva toda diferencia entre origen y góndola.
- No acusa previamente a la industria, la distribución o el comercio.
- No publica información individual protegida.
- No reemplaza las políticas productivas ni las normas de defensa de la competencia.
Su función es hacer visible la distribución del valor.
No busca administrar las cadenas productivas, sino permitir que la sociedad las comprenda y que el Estado pueda intervenir con información cuando exista un desequilibrio persistente.
Una propuesta nacional nacida en Misiones
Esta iniciativa nace en Misiones, una provincia que conoce de cerca la realidad de las economías regionales.
Los misioneros sabemos que el precio que paga el consumidor por un paquete de yerba mate no siempre refleja lo que recibió el productor por la hoja verde. También sabemos que las discusiones sobre precios suelen aparecer solamente durante las crisis y desaparecer cuando cambia la agenda pública.
Necesitamos transformar esas discusiones circunstanciales en información permanente.
Por eso elaboré e impulso este anteproyecto ciudadano de alcance nacional. Su propósito es que productores, consumidores, especialistas, organizaciones e instituciones puedan conocerlo, debatirlo y mejorarlo antes de procurar su ingreso al Congreso de la Nación.
La transparencia no resolverá por sí sola todos los problemas de nuestras economías regionales. Pero ningún problema puede corregirse seriamente mientras permanezca oculto.
Cuando un producto aumenta, tenemos derecho a saber no solamente cuánto aumentó.
Tenemos derecho a saber quién recibió realmente ese aumento.
Anteproyecto ciudadano de Ley Nacional de Transparencia Productiva
Elaborado e impulsado por el Dr. Héctor Julio Franco, desde Misiones, con la convicción de que productores y consumidores necesitan información pública para conocer cómo se distribuye el valor dentro de las cadenas productivas.
