El derecho a no ser excluido por no usar tecnología
Durante años creímos que la tecnología sería simplemente una herramienta destinada a facilitarnos la vida. Y en muchos aspectos así ocurrió. Hoy podemos comunicarnos instantáneamente, realizar trámites desde nuestros hogares, acceder a información ilimitada y resolver en minutos cuestiones que antes demandaban días enteros.
Pero silenciosamente sucedió algo más profundo.
La tecnología dejó de ser solamente una herramienta para convertirse en una condición casi obligatoria de existencia social.
Actualmente, una persona que no posee smartphone, que no utiliza aplicaciones móviles, que rechaza sistemas biométricos o que simplemente desea limitar el uso de ciertas tecnologías, comienza lentamente a quedar excluida de aspectos esenciales de la vida cotidiana.
Para validar una compra bancaria se exige un código enviado al teléfono. Para solicitar un préstamo se obliga al reconocimiento facial. Para trabajar se presupone disponibilidad digital permanente. Para acceder a servicios públicos se requieren aplicaciones móviles.
Incluso para acreditar la propia identidad muchas veces ya no alcanza con la presencia física ni con la documentación legal tradicional.
La situación genera una paradoja inquietante: una persona puede existir jurídicamente, tener dinero, capacidad legal, documentos válidos y presencia física… y aun así ser tratada por el sistema como operativamente inexistente por no disponer de determinada tecnología.
Nadie votó esta transformación.
Ninguna sociedad decidió democráticamente que el acceso pleno a derechos básicos quedaría condicionado al uso obligatorio de dispositivos digitales.
Simplemente ocurrió.
La comodidad tecnológica fue desplazando lentamente todas las alternativas humanas, presenciales y analógicas, hasta convertirlas en excepciones cada vez más difíciles de encontrar.
Y aquí aparece una discusión que tarde o temprano deberá darse: ¿puede una sociedad considerarse verdaderamente libre si obliga indirectamente a sus ciudadanos a vivir permanentemente conectados para poder participar plenamente de la vida económica y social?
Porque el problema ya no es solamente tecnológico.
Es profundamente humano.
El celular como obligación social encubierta
Hoy resulta extremadamente difícil: conseguir empleo, operar bancariamente,
estudiar, validar identidad, sostener relaciones laborales, realizar trámites, o incluso integrarse socialmente, sin poseer un teléfono inteligente conectado de manera permanente.
El smartphone dejó de ser un simple medio de comunicación.
Se convirtió en: herramienta de geolocalización constante, llave de acceso financiero,
sistema de autenticación biométrica, medio de trazabilidad conductual, registrador de hábitos, y mecanismo de recopilación masiva de datos personales.
Cada desplazamiento, compra, búsqueda o interacción deja rastros digitales.
Y aunque muchas personas aceptan voluntariamente ese intercambio entre comodidad y privacidad, el verdadero problema aparece cuando deja de existir una alternativa real.
Porque la libertad no consiste únicamente en poder usar tecnología. También implica conservar el derecho a limitarla.
Una persona debería poder optar por: utilizar un teléfono básico, evitar sistemas biométricos, limitar su exposición digital, o incluso prescindir parcialmente del smartphone, sin sufrir por ello exclusión financiera, laboral, educativa o estatal.
De lo contrario, la tecnología deja de ser una herramienta opcional y comienza a transformarse en una obligación social encubierta.
Antecedentes normativos y doctrinarios
Aunque todavía no existe un reconocimiento expreso de un “derecho a no usar tecnología”, distintos sistemas jurídicos del mundo ya comenzaron a advertir los riesgos de la hiperconectividad y la dependencia digital.
En Europa surgió el llamado “derecho a la desconexión”, inicialmente vinculado al ámbito laboral. Francia fue pionera con la Ley Nº 2016-1088, conocida como “Loi Travail”, que incorporó al Código de Trabajo francés el derecho de los trabajadores a desconectarse de dispositivos digitales fuera del horario laboral.
Posteriormente España, Italia y otros países europeos avanzaron en regulaciones similares destinadas a limitar la hiperconectividad y proteger la vida privada de las personas frente al uso permanente de herramientas digitales.
La propia Unión Europea comenzó además a desarrollar principios vinculados a:
privacidad digital, soberanía tecnológica, límites a decisiones automatizadas, protección frente al tratamiento masivo de datos, y necesidad de preservar derechos humanos en entornos digitales.
Incluso comenzaron a surgir trabajos académicos que hablan expresamente del:
“derecho a no usar Internet” como derivación moderna de la autonomía personal y de la libertad individual.
En Argentina también existen antecedentes parciales.
La Ley 27.555 de teletrabajo incorporó el derecho a la desconexión digital, reconociendo que la hiperconectividad permanente puede afectar derechos fundamentales de los trabajadores.
Asimismo, la Constitución Nacional y la legislación sobre protección de datos personales reconocen principios de privacidad, autodeterminación informativa e intimidad que pueden servir como fundamento constitucional para futuras discusiones sobre límites a la obligatoriedad tecnológica.
Hacia un nuevo derecho humano contemporáneo
Quizás el desafío del futuro no consista solamente en garantizar acceso digital.
Quizás también debamos garantizar el derecho humano a conservar espacios de vida no digitalizados.
Porque la verdadera libertad tecnológica no consiste únicamente en poder conectarse.
Consiste también en conservar el derecho a no depender absolutamente de la tecnología para seguir siendo parte de la sociedad.
Tal vez haya llegado el momento de comenzar a discutir un nuevo principio jurídico: el derecho a no ser excluido por el no uso de tecnología.
Un derecho que garantice: alternativas presenciales, atención humana, validaciones no biométricas, acceso offline a servicios esenciales y la posibilidad real de vivir parcialmente fuera del ecosistema digital sin perder ciudadanía efectiva.
Porque cuando una tecnología se vuelve indispensable para ejercer derechos básicos, deja de ser solamente una herramienta. Y comienza a convertirse en una estructura de poder.
